El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue procesado como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para garantizar la impunidad de narcotraficantes de la ciudad de Itatí, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dispuesta por el juez federal porteño Sergio Torres, quien también atribuyó al magistrado el delito de cohecho pasivo agravado en ocho hechos, en concurso ideal con el de prevaricato, ambos en carácter de autor, y le impuso un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes.
Además, Torres procesó a los secretarios de Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, y a los abogados Tomás Viglione, Jorge Vallejos, Gregorio Giménez y Duylio Barboza Galeano como miembros de la asociación ilícita y partícipes necesarios de cohecho agravado.
La misma decisión adoptó con el abogado Omar Serial y el ex intendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, por cohecho activo agravado.
Torres convirtió en prisión preventiva la detención de todos los imputados, pero aclaró que en el caso de Soto Dávila no se hará efectiva como consecuencia de su calidad de magistrado y notificó la resolución al Consejo de la Magistratura, donde ya fue citado a declarar.
En su resolución, Torres detalló que la asociación ilícita estaba “destinada a cometer diversos sucesos de corte delictivo tendientes a perturbar la correcta administración de justicia y a garantizar la impunidad a diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes en sus diferentes etapas”.
Según el juez, el grupo criminal actuaba desde 2010.
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